Los autónomos tendrán un año más, es decir hasta el 2026, para adaptarse totalmente al sistema de facturación electrónica cuya última fase será comunicar a Hacienda el estado de cada factura. Todo ello suponiendo que el reglamento de facturación que tiene que aprobar el Gobierno salga adelante este año. Esto es lo que adelantó Manuel Delacampagne, Subdirector General de Análisis Sectorial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Economista del Estado, en la jornada del pasado 24 de octubre que celebró CEPYME sobre La digitalización de la pyme.
Según el Reglamento de la Ley Crea y Crece, las grandes empresas deben adaptarse a la nueva facturación electrónica un año después de su entrada en vigor. Si se aprobara en 2023 sería en 2024. Y dos años después (2025) para el resto de empresas y autónomos. Sin embargo, el paso de comunicar los estados de la factura a Hacienda quedará dilatado un año más para el colectivo de autónomos con el borrador del Real Decreto, que aún "está sujeto a posibles modificaciones", afirmó Delacampagne, y que, posteriormente, deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Además, durante la campaña, el subdirector aclaró algunas cuestiones importantes sobre el uso de este nuevo sistema, como las funciones que cumple la Solución Pública de Facturación Electrónica, así como confirmar que el sistema de facturación electrónica estará compuesto tanto por las plataformas privadas como por la solución de Hacienda en su conjunto.
Los autónomos tendrán un año más para comunicar los estados de cada factura
Por el momento, borrador del Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 18/2022 (Ley Crea y Crece) está cerrando el proceso de Audiencia Pública con la Agencia Tributaria y “empezará en breve los últimos pasos de tramitación” según mencionó Delacampagne, pero, a falta del golpe de gracia, su reglamento ya perfiló importantes aspectos, como la obligación de su uso no solo cuando el autónomo actúe como proveedor, sino también cuando actúe como cliente y reciba la factura.
Según el reglamento, los plazos para que las empresas pudieran adaptarse a los cambios de la factura electrónica establecían su aplicación un año después de la entrada en vigor del reglamento para las empresas con facturación superior a 8 millones de euros y dos años después para el resto de empresas y autónomos. Con el cambio que introdujo Delacampagne, en principio, los periodos de implementación quedarían de la siguiente forma, si el reglamento se aprobara este año:
- Un año después de la entrada en vigor de la ley (2024). Para empresas con facturación anual superior a 8 millones de euros, obligatoriedad de facturar electrónicamente y comunicar los estados de la factura.
- Dos años después de la entrada en vigor (2025). Para el resto de empresas, con facturación anual menor a 8 millones de euros y para autónomos, obligatoriedad de facturar electrónicamente. Para el resto de empresas con facturación anual menor a 8 millones de euros, obligatoriedad de comunicar los estados de la factura.
- Tres años después de la entrada en vigor (2026). Obligatoriedad de comunicación de los estados de la factura para los autónomos.
Al respecto, el artículo 8 de este reglamento ya difundió la obligación de informar sobre los estados de la factura ―recibida, aceptada o pagada― y cómo el deber de informar sobre estos estados recae sobre el destinatario. Es este ámbito de aplicación el que, en principio, se dilata un año para los autónomos, con lo que dispondrán de doce meses más para adaptarse a la aplicación y comunicación de estos estados, aunque Delacampagne aclaró que “el proyecto está en elaboración y puede que vuelva a evolucionar hasta su aprobación en los próximos meses”.
En ese sentido, se espera que los autónomos que reciban la factura electrónica comuniquen las distintas fases del proceso en el que se encuentra la misma. Entre ellos, si se ha aceptado la factura o contiene algún error, si el cliente ya ha abonado una parte, o si ha abonado la totalidad del importe, y deberán hacer público su punto de entrada de facturas. Así, para facilitar el proceso de transición digital de los autónomos, gozarán de un año más (tres años aproximadamente desde que se produzca su publicación en el BOE) para aplicar todo lo concerniente a los estados de la factura. Es a través de los estados de la factura, según apuntó Delacampagne, cómo la Agencia Tributaria pretende “aclarar los plazos de pago” para combatir mayormente la morosidad.
El sistema de facturación electrónica estará compuesto por las plataformas de software privadas y la herramienta de Hacienda
Según aclaró Delacampagne, el sistema de facturación electrónica que se va a implantar está formado tanto por las plataformas privadas de facturación y como por la Solución Pública de Facturación Electrónica que va a gestionar la Agencia Tributaria. Como confirmó el Subdirector General de Análisis Sectorial, la solución de facturación pública cumple cuatro funciones básicas:
- Servir como sistema de facturación gratuito. “Prestar el servicio básico de facturación electrónica para aquellos autónomos y empresarios que no deseen recurrir a la plataforma privada”.
- Servir como sustituto en caso de problemas técnicos a nivel informático. “Actuar como cierre del sistema a nivel de interconexiones en caso de que haya problemas de interconexión entre las plataformas privadas, haciendo la conexión a través de la solución pública. La interconexión, gratuita y obligatoria, está diseñada para que cada empresa pueda elegir gestionarse la factura electrónica con el tipo de solución que desee”.
- Funcionar como repositorio central de facturas. “Todas las facturas, ya sea de manera directa porque el usuario emplea esta solución, o por medio de copias si se emplean soluciones privadas, serán recepcionadas por la solución y almacenará, también, la información referente a los estados de la factura”.
De esta forma, el intercambio entre facturas podrá realizarse “entre plataformas privadas, entre plataforma privada y la solución pública, o íntegramente por medio de la solución pública”.
Cepyme resalta el papel que cumplirá la factura electrónica en la lucha contra la morosidad
El Director de Economía de CEPYME, Francisco Vidal, reconoció en la jornada de digitalización “el importante reto que supone la adaptación al sistema de facturación electrónica en tiempo récord” y “su encaje con el escenario tan complejo que supone”.
Con el proceso fiscalizador de Hacienda, que tiene como finalidad luchar contra el software de doble uso, ha dado forma “a un repositorio público de facturas”, lo que plantea diversas cuestiones a pymes y autónomos “de cara a la morosidad”. Según los datos que aportó Vidal, cuando se pregunta a la pyme europea acerca de sus principales preocupaciones, “un 35% menciona el retraso en los pagos”, ya que el retraso en los pagos y los impagos pueden generar “tensiones de liquidez y crisis de solvencia en el peor de los casos”. Estas situaciones se agravan ante el contexto actual en el que se ha encarecido la financiación.
La Comisión Europea dio forma a la propuesta del Reglamento para luchar contra la morosidad a partir de su problemática, dado que "es la responsable de una de cada cuatro quiebras entre las pymes”. En España, en particular, nos encontramos por debajo de la media europea en el pago de facturas, y “solo se pagan a tiempo el 30%”. El coste de la morosidad en el segundo trimestre fue de 2.400 millones de euros, "al que se le añade un coste administrativo de gestión de 8.700 millones de euros destinados a personal para el control de la morosidad, un dato tres veces mayor en nuestro país", según explicó Vidal.
Así, la factura electrónica nace como un remedio “valioso” para intentar luchar contra estos altos resultados, si bien Vidal añadió que otra alternativa necesaria para que las empresas puedan pagar a tiempo sería plantear “otras respuestas de financiación alternativas”. Además, Vidal demandó “aplicar la factura electrónica con el año natural” y “aumentar el plazo de cuatro días para establecer los estados de la factura a seis”, dado que ven el tiempo escaso para las pymes y autónomos.
Fuente : Autonomos y Emprendededores ( Lola Fernandez )
